Militares y paramilitares colombianos confiesan autoría de masacre en 2005

Posted on lunes, abril 05, 2010 and filed under Crimenes , noticias , ultimasnoticias . You can follow any responses to this entry through theRSS 2.0 . You can leave a response or trackback to this entry from your site

Caracas, 04 Abr. ABN y Radio Mundial.- Varios oficiales del ejército colombiano y paramilitares han confesado a las autoridades judiciales de ese país que en febrero de 2005 realizaron una operación conjunta en la zona de San José de Apartadó, en la que fueron despedazados, a garrotazos y machetazos, ocho habitantes de la localidad neogranadina.

Cinco años más tarde de aquella la matanza “ha comenzado a conocerse la realidad de los trágicos hechos a través de las declaraciones de los presuntos implicados”, informó Paco Simón en un trabajo periodístico publicado en la página web de Rebelión.

El “operativo”, que dejó como saldo la masacre, fue supervisado por Mario Montoya, general destituido en 2008 por estar implicado en los primeros casos de civiles asesinados por soldados para hacerlos pasar por guerrilleros, pero posteriormente enviado a la Embajada de Colombia en la República Dominicana por el gobierno de Álvaro Uribe.

De acuerdo a Simón, los acusados admitieron que el pasado 21 de febrero de 2005, mientras el Ejército protegía la retaguardia, un grupo de paramilitares asesinó a golpes y machetazos a Luis Eduardo Guerra, de 35 años; a su compañera, Bellanira Areiza, de 17, y a su hijo Deiner Andrés Guerra, de 11.

Entretanto, otro escuadrón en el que se mezclaban paramilitares y militares, llegó a una pequeña vivienda donde estaba una pareja de campesinos, sus dos hijos y un hombre que les ayudaba en el campo. Los tres adultos fueron asesinados a machetazos.

“Sólo sobrevivieron dos niños, de 3 ó 4 años, que estaban llorando al ver a sus padres muertos”, aseguró un paramilitar a la Fiscalía. Pero poco después, un capitán ordenó degollar a Natalia Andrea Tuberquia, de 6 años, y Santiago Tuberquia, de 2.

“El oficial no tuvo misericordia a pesar de que le “propuse que yo me hacía cargo de los niños (…). El señor del Ejército le dijo a otro comandante que no lo podía aceptar porque la niña estaba grandecita y ella se daba cuenta de lo que estaba pasando”, según consta en la declaración de otro paramilitar ante la Fiscalía, escribe Simón.

Sin embargo, para el periodista, el hecho de que sólo se hayan procesado a 10 militares y varios paramilitares, y no a los autores intelectuales del crimen “propicia que se mantenga la estrategia de acoso contra la comunidad de paz (...) no han cesado los crímenes, aunque en los últimos años son selectivos con el objeto de evitar al Estado colombiano los costos políticos que implican las masacres”.

El precio de la paz

Los habitantes de San José de Apartadó, cansados de las agresiones y de desplazarse de un lugar a otro, decidieron en 1997 poner en marcha un mecanismo de resistencia civil y convertirse en una comunidad de paz, lo que implicaba no admitir en su territorio la presencia de ningún grupo armado, y el compromiso público de sus 1.220 habitantes de no colaborar con ninguna de las partes enfrentadas.

La iniciativa tuvo dos reacciones. La guerrilla dejó de hostigarles pero el gobierno colombiano, los miembros del ejército y paramilitares consideraron su neutralidad como “complicidad” con la insurgencia, cuestión que aunque fue negada en reiteradas oportunidades por los campesinos de la localidad, no impidió que fueran víctimas de cerca de 600 crímenes de lesa humanidad.

“(Los crímenes) incluyen 197 asesinatos y centenares de desapariciones, torturas, desplazamientos, detenciones arbitrarias, robos... La inmensa mayoría a manos de soldados y paramilitares. El último asesinato se produjo el pasado 9 de febrero (de 2010): dos paramilitares encapuchados mataron en su propia casa a Fabio Manco; su muerte había sido anunciada en noviembre de 2009 por un paramilitar, asiduo colaborador del Ejército”, reportó Simón.

No obstante, para Uribe las comunidades de paz “suponen un mal ejemplo” porque no avalan los pilares fundamentales de su política de “seguridad democrática”.

Actualmente, la comunidad vive en San Josesito, el nuevo pueblo que construyeron los antiguos habitantes de San José de Apartadó.

Simón afirma que los campesinos “quieren seguir reivindicando su neutralidad en medio de la guerra sin renunciar a denunciar el terrorismo de Estado y a buscar una salida pacífica y negociada al conflicto”.

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