Que una empresa o un particular pretenda conciliar con un campesino que reclama las tierras arrebatadas durante el conflicto armado, evitando así que su solicitud llegue a juzgados o tribunales, es negarles los derechos constitucionales a las víctimas. Esa es la esencia del fallo proferido el pasado 3 de agosto por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia C-404 de 2016, frente a una demanda de inconstitucionalidad que pretendía abrir la puerta a la conciliación en los procesos de restitución de tierras.

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