Detalles del expediente que se convertirá en el dolor de cabeza judicial del expresidente Uribe de cara a su campaña al senado.

En la década de los 70, el hoy magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo coincidió en algunos actos públicos con el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la Universidad de Antioquia, cuando ambos estudiaban Derecho en el Alma Máter. Eran tiempos de movimientos sociales, los cuales atraían a la juventud académica de entonces.

Casi 40 años después, en un texto de 381 páginas, que no es de agravios contra Álvaro Uribe Vélez, sino un análisis minucioso y detallado, dos magistrados del Tribunal Superior de Medellín narran cómo fue el origen de una de las cruces que ha cargado Colombia desde sus más recientes décadas: el paramilitarismo. Por primera vez, un grupo de magistrados que no hacen parte de la Corte Suprema de Justicia le compulsan copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, con copia a la Corte Penal Internacional, para que investiguen a un expresidente de Colombia por presuntamente promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares.

La providencia de los magistrados María Consuelo Rincón Jaramillo y Rubén Darío Pinilla Cogollo es un recorrido por las decisiones tomadas durante los gobiernos de los últimos 50 años que posibilitaron el nacimiento y establecimiento de grupos de autodefensa para que la población se defendiera de quienes consideraban sus amenazas. Esas autodefensas formadas por campesinos, líderes gremiales y miembros de la fuerza civil, que luego recibieron el apoyo de altos mandos militares, grupos al margen de la ley y políticos, se convirtieron en grupos paramilitares que han bañado de sangre al país hasta el día de hoy, teniendo en cuenta que hoy han desembocado en las crueles bandas criminales (Bacrim).

El asesinato del papá de Álvaro Uribe Vélez

El martes 14 de junio de 1983, el frente Quinto de las FARC asesinó al Alberto Uribe Sierra, padre del expresidente Uribe, en la Hacienda Las Guacharacas ubicada en el municipio de San Roque.

Años después, bajo la gobernación de Uribe Vélez, ese lugar se constituyó en el lugar de la Convivir El Cóndor “y los grupos paramilitares que operaron en dicho municipio, en Maceo y en el corregimiento de San José del Nus, eran una misma cosa, como lo declaró Jhon Fredy González Isaza, conocido como el Rosco, desmovilizado de las AUC. El administrador de la hacienda va a ser un importante colaborador de ellos”, agregan los magistrados.

Las Convivir y la gobernación de Álvaro Uribe Vélez

Esta es una parte clave del análisis de los magistrados para pedir que investiguen al expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Mediante el Decreto 356 de 1994, se autorizó la creación de las Cooperativas Servicios Comunitarios de Seguridad, cuyo propósito era colaborar con la Fuerza Pública y organizar las comunidades a través de cooperativas, juntas de acción comunal o empresas comunitarias para la vigilancia y la seguridad de sus miembros o asociados”. Esto ayudó a la militarización de la comunidad para repeler la lucha contra las guerrillas.

Hay que tener claro que la creación de las Convivir le dio a la sociedad la oportunidad de armarse en función de la lucha contrainsurgente, además de actuar como vigilancia y control social, pero vinieron otras consecuencias como la expansión de los grupos paramilitares que utilizaron el nombre de ellas, sus cuentas y sus estructuras para satisfacer sus objetivos y financiar sus estructuras criminales.

Estas estructuras actuaban en contubernio con los paramilitares y el Ejército a la hora de cometer graves violaciones a los Derechos Humanos y contra todo lo que oliera a izquierda en zonas de presencia guerrillera a las que consideraban de importancia económica o militar.

Lo clave de este asunto es que, como agregan los magistrados, “el período de expansión del paramilitarismo, que se sucede a partir del año de 1995, coincidió con el auge y proliferación de las Convivir. En Antioquia el aumento de estas coincidió con la gobernación de Álvaro Uribe Vélez, quien las promocionó e impulsó”.

Dos de los principales promotores de la iniciativa fueron el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez y su secretario de Gobierno Pedro Juan Moreno Villa. Fue precisamente en Antioquia donde se creó la primera de esas asociaciones y donde se concentró buena parte de ellas. En 1997 en Antioquia funcionaban 78 de las 414 Convivir que había en el país y contaban con la publicidad y apoyo del gobierno departamental. Cabe destacar que fue tanta la publicidad que le entregó a las Convivir la administración del gobernador Uribe que la secretaría de Gobierno de Pedro Juan Moreno creó una oficina para asesorar a las comunidades y otorgar la personería jurídica de estas asociaciones. “De conformidad con el Decreto 356 de 1994 el gobernador tenía el deber de hacerle seguimiento a las Convivir”, dice el expediente.

La primera de estas se llamó la Asociación de Campesinos de Punta Piedra, que funcionó en Urabá con el apoyo de la Brigada XVII “que fue reconocida por la resolución 42405 del 29 de noviembre de 1996 y cuyo representante legal fue el señor Alberto Osorio”. Una muestra de que la gran mayoría de titulares de las Convivir tenían nexos con los paramilitares fue, por ejemplo, que “de acuerdo con las versiones entregadas de Hebert Veloza, alias HH, mientras Alberto Osorio figuraba como representante de esa Convivir, debidamente autorizada, él coordinó con Raúl Emilio Hasbún Mendoza, reconocido empresario bananero en la zona del Urabá Antioqueño, la logística para que aviones trasladaran a un grupo de paras del Urabá al departamento del Meta, en el otro extremo del país, para que hicieran la masacre de Mapiripán. Esta fue perpetrada entre el 15 y 20 de julio de 1997”.

Posteriormente, Alberto Osorio fue condenado a tres años de prisión por nexos con paramilitares.
“En el caso de Urabá, las Convivir se crearon como un apéndice de las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá), como lo reconoció Raúl Emilio Hasbun. Incluso, se realizó una reunión para su coordinación y administración centralizada. En estas se les informó que iban a recibir apoyo de las compañías bananeras e iban a recibir ingentes recursos (…). Tales fondos ingresaron a los bancos a través de las cuentas de las Convivir para que pareciera un aporte legal, aunque su destino eran las ACCU”.

Ya está comprobado que varios de los dirigentes de las Autodefensas Unidas de Colombia fueron, a su vez, miembros de las Convivir. La providencia de los magistrados nombra a Salvatore Mancuso, Juan Francisco Prada Márquez, conocido como Juancho Prada, Luis Arlex Arango, Jesús Ignacio Roldán Pérez, conocido como “Monoleche”, Wilson Salazar Carrascal, conocido como “El Loro”, Uber Banquez Martínez, comandante del Bloque Montes de María y otros jefes paramilitares.

Un hecho diciente del vínculo entre las Convivir y los grupos paramilitares fue evidenciado tras el crecido número de sus integrantes que se desmovilizaron con los distintos bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia. “Los registros de la Fiscalía indican que 663 miembros de las Convivir registran antecedentes penales y 100 se desmovilizaron con las Autodefensas, 39 de ellos están postulados a la Ley de Justicia y Paz”.

Así mismo, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 26 de febrero de 1999 concluyó que la autorización, creación y apoyo a las Convivir, violaban las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que “obliga a distinguir entre combatientes y civiles, a respetar y proteger a estos y a no involucrarlos en las hostilidades”.

La Convivir Papagayo: la convivir de las bananeras

Cuentan los magistrados que según reconoció el postulado Jesús Pérez Jiménez que: “la Convivir Papagayo era de las autodefensas. Éramos nosotros mismos y de ella hacían parte los patrulleros urbanos, que no tenían problemas con la justicia y se carnetizaban con las Convivir, pero eran reclutados por las Autodefensas Unidas de Colombia y ésta coordinaba sus acciones con las Convivir”.

Y esto no lo reconoció solo el señor Pérez Jiménez, también los paramilitares Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito, y Herbert Veloza García, conocido como HH, quien agregó que Arnulfo Peñuela, el director administrativo de la Convivir Papagayo y Alberto Osorio, director del Departamento de Relaciones Públicas de dicha Convivir, eran o pertenecían a las autodefensa y además 11 de los desmovilizados del Bloque Bananero pertenecieron a la Convivir Papagayo.

Arnulfo Peñuela, quien estuvo al frente de la Convivir Papagayo hasta 1998, “era quien coordinaba las actividades con la Brigada y la policía de la región”. Tiempo después el señor Peñuela fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia por el delito de concierto para delinquir.
No solo los paramilitares recibieron apoyo de las Fuerzas Militares sino también de la empresa privada. Dicen los magistrados que según el acta, el 28 de mayo de 2004, y para cumplir con las normas legales: “la Convivir Papagayo modificó la calidad de los bananeros vinculados a ella y los trasladó de afiliados a asociados. En el acta se reconoció que hacían un aporte de 3 centavos por caja de banano, como lo venían haciendo desde hace 8 años. Esos recursos se recibían en 3 oficinas de Medellín y para lavarlos a través del sistema bancario se utilizaron las Convivir. La Convivir Papagayo recibió por esa vía más de 7 mil millones de pesos entre los años 1998 y 2003”.

De hecho la Convivir Papagayo recibió aportes de 194 empresas bananeras, entre ellas la comercializadora Banadex y la más sonada de todas: la filial Chiquita Brands, que realizó aportes entre los años 2001 y 2004 por un total de seiscientos setenta y un millones ciento once mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos ($671.111.644). Es preciso resaltar que según la justicia americana los aportes ascendieron a 1.7 millones de dólares, los cuales tuvieron como destino las AUC. Estos hechos fueron aceptados por el representante legal de Chiquita Brands ante la justicia de los Estados Unidos. Fue condenado por ello. Lo curioso es que el fiscal 33 de Especializado de Medellín Humberto Villamizar precluyó la investigación.

Está comprobado que el 5 de noviembre de 2001 por el puerto de la empresa Chiquita Brands “ingresaron 14 contendores con 3.400 fusiles AK 47 y siete millones de cartuchos para fusil con destino a los grupos paramilitares”.

El general Rito Alejo del Río, “El pacificador de Urabá” según Álvaro Uribe Vélez
Uno de los casos más importantes y que ilustran la estrecha relación de altos mandos militares con los paramilitares es el caso del general (r) Rito Alejo del Río en el que sus vínculos con este grupo narcoterrorista se remontan cuando el entonces comandante estuvo en el Magdalena Medio. Luego fue comandante de la Brigada XVII en la región de Urabá entre 1995 a 1997.

Durante ese período empezó la sangrienta arremetida de las Autodefensas de Carlos Castaño hacia el Urabá y Chocó, y hubo decenas de denuncias sobre la colaboración entre las tropas de Rito Alejo con los paramilitares, que según documentos oficiales dejaron cerca de 500 muertos y más de cinco mil personas tuvieron que abandonar sus tierras y 21 comunidades fueron desterradas.

Mientras eso sucedía, el general Rito Alejo del Río logró que lo llamaran, inclusive por boca del entonces gobernador Álvaro Uribe como “El pacificador de Urabá”. En agosto del año pasado Rito Alejo fue condenado a 25 años de cárcel por el homicidio de Marino López Mena cometido el 27 de febrero de 1997 en el poblado de Bijao, jurisdicción del municipio de Riosucio (Chocó), donde incursionaron miembros del grupo paramilitar del Bloque “Elmer Cárdenas” en la Operación Génesis, mientras que el general era comandante de la XVII Brigada del Ejército con sede en Carepa (Urabá antioqueño).

“No obstante luego de esas gravísimas acusaciones de la relación de general Rito Alejo del Río con los paramilitares, algunos sectores de la sociedad le hicieron un homenaje de desagravio en el Hotel Tequendama de Bogotá, el cual ofreció como oferente y orador Álvaro Uribe Vélez, quien viajó desde el exterior para ese solo efecto”.

La masacre de El Aro: siete días de genocidio donde el gobernador Uribe Vélez nunca se enteró
La providencia de los magistrados entrega varias pistas de los hechos sospechosos que sucedieron antes, durante y después de la masacre de El Aro, en el municipio de Ituango, a 195 kilómetros de Medellín. Esta masacre fue perpetrada el 22 de octubre de 1997 por paramilitares al mando de Salvatore Mancuso. Según cifras oficiales 17 personas fueron torturadas y asesinadas, 42 de las 60 viviendas fueron quemadas, 1.200 reses fueron robadas y forzaron a 702 habitantes a huir de sus casas.

Sostiene el Tribunal Superior de Medellín que varios mensajes llegaron a la Gobernación de Antioquia, a la Base Militar de Santa Rita y al Batallón Girardot, que estaba al mando del coronel Germán Morantes, las cuales advertían que estaban masacrando civiles en el corregimiento de El Aro. Ninguno hizo nada. El primero en llegar a dicho corregimiento fue el coronel Morantes, pero 15 días después de que los paramilitares salieran.

Hay varios hechos que vale la pena recordar. “El ganado fue llevado a través de Valdivia y Puerto Valdivia hasta la Hacienda El Perro de los hermanos Castaño. Ese día el Ejército había decretado el toque de queda a partir de las 6 de la tarde”.

Y agregan los magistrados: “por la masacre fueron condenados un teniente y un cabo del Ejército, pero eso no excluye –y antes confirma y sugiere- la participación de otros, pues no parece creíble que esa operación que duró 7 días e implicó a la movilización de una tropa numerosa y la sustracción y movilización por carretera de unas 1.200 cabezas de ganado, contara y dependiera solo de la cooperación de un oficial de inferior rango y un suboficial. Menos aún si hay evidencia de que la Gobernación de Antioquia al mando de Álvaro Uribe Vélez y el comando del Batallón Girardot fueron informados de lo que estaba sucediendo en El Aro y del apoyo de un helicóptero del Ejército. La condena del teniente coronel Jesús María Clavijo, quien estuvo al mando de dicho batallón por el delito de concierto para delinquir a la que se hizo alusión, confirma esa apreciación”.

Recordemos que en noviembre de 2008 en versiones entregadas en el juicio que se le adelanta desde Estados Unidos al paramilitar Salvatore Mancuso, este confesó que el fallecido Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno del gobernador Uribe, se enteró por boca de Carlos Castaño Gil que la masacre sería perpetrada. Además, confirmó el apoyo de altos mando del Ejército colombiano.

Tres años después fueron asesinados el abogado y defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle Jaramillo, quien había denunciado la presencia de paramilitares en la cabecera de Ituango y la complicidad del Ejército y la Policía con ellos y el personero de Campamento Jesús Emilio Penagos. Concluyen los magistrados que esos asesinatos a los únicos que beneficiaba era al entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez, a altos mandos militares de la región y a otros personajes de la zona. Ellos dos, además, habían denunciado la negligencia de la Gobernación de Antioquia, del Ejército y la Policía para prevenir esas masacres.

Recapitulan los magistrados que el nombre del expresidente Álvaro Uribe Vélez aparece vinculado a eventos de origen y expansión de grupos paramilitares. Y no solo el de él sino de Pedro Juan Moreno, quien fuera su mano derecha cuando fue gobernador de Antioquia. Él ha sido señalado como uno de los líderes que defendían y orientaban la política de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Además de todos los hechos señalados anteriormente, detrás de Álvaro Uribe Vélez estaría el aval de la Operación Orión y la toma de la Comuna 13 realizada concertadamente entre los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara con el fin de eliminar hasta la última cabeza de las milicias urbanas para consolidar el dominio de dicho bloque.

“No puede ser que ignorara todo lo que estaba sucediendo en estos casos, o todos esos hechos se cometieran a sus espaldas, como tantos otros que se les atribuyen a sus colaboradores más cercanos y que tampoco podía ignorar como los actos cometidos contra la Corte Suprema de Justicia”.

“Por lo tanto, se ordena expedir copias por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares y Convivir vinculadas con estos y/o concentrarse con ellos, no solo como gobernador sino después y aún como Presidente de Colombia”.

@sebastiandiazlo
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