Desde las 5:45 de la mañana del 13 de agosto de 1999, cuando dos sicarios asesinaron al reconocido periodista Jaime Garzón, el país supo que el paramilitarismo perpetró el homicidio. Sin embargo, tuvo que pasar más de una década para que la justicia empezara a atar los cabos sueltos del entramado criminal que comenzó en el cuartel del jefe paramilitar Carlos Castaño, tomó forma en las redes de sicarios del bloque Capital y tuvo como artífice al entonces jefe de inteligencia de la Brigada 13 del Ejército, coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo.

Desde el pasado diciembre, la Fiscalía ordenó su captura y le pidió a la Interpol su apoyo en el extranjero. Ya había expedido una solicitud similar al concluir que el exoficial también estuvo implicado en el asesinato de los investigadores del Cinep Mario Calderón y Elsa Alvarado, ocurrido en mayo de 1997. No obstante, Plazas Acevedo, quien purgaba una condena de 40 años por el secuestro y muerte del industrial israelí Benjamín Khoudari, es prófugo de la justicia desde julio de 2003, cuando se fugó de la Escuela de Artillería en Bogotá.

El Espectador conoció detalles de la investigación que adelanta la Fiscalía para impedir que el asesinato de Jaime Garzón quede en la impunidad. De ellos se concluye que, aprovechándose de su potestad como jefe de inteligencia del B-2 de la brigada 13, el entonces coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo ordenó una intensa labor de hostigamientos y vigilancia contra el periodista, cumpliendo un rol clave en la ejecución del plan criminal. En la división de tareas para concretar la acción, el oficial obró como coautor del crimen.

Las conclusiones preliminares del ente investigador señalan que, al margen de sus actividades periodísticas o de su mordaz crítica a través del humor, el asesinato de Jaime Garzón obedeció al trabajo humanitario que venía desempeñando desde la Gobernación de Cundinamarca como asesor de paz e intermediario entre las familias de los secuestrados y los miembros de la guerrilla, a efectos de lograr que fueran liberados. Esta actividad motivó que los paramilitares lo tildaran de guerrillero y Castaño lo declarara objetivo militar.

Lo que ahora empieza a demostrar la Fiscalía es cómo se unieron las piezas para concretar el crimen. Su tesis es que el instigador fue el subdirector del DAS, José Miguel Narváez, quien para la época de los hechos, además de hombre cercano a las autodefensas, oficiaba como profesor de la Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas Militares. La orden fue impartida por Carlos Castaño, quien se enfurecía cada que veía a Garzón en la televisión. Los asesinos fueron sicarios de la banda la Terraza de Medellín. La inteligencia la aportó Plazas Acevedo.

Entre las pruebas recaudadas por la Fiscalía para demostrar el acoso contra Jaime Garzón por parte de la inteligencia militar, apareció un documento incautado al cabo Evangelista Basto —procesado por el atentado a Wilson Borja y por nexos con el paramilitarismo—, en el que queda claro que el periodista tenía contactos telefónicos con el jefe guerrillero Henry Castellanos, alias Romaña, en su oficio de mediador para liberar secuestrados. Esas labores eran cuestionadas por varios oficiales, a quienes se les entregaban diversos reportes.

Otra prueba es el testimonio aportado por el confeso paramilitar Jesús Emiro Pereira, hombre de confianza de Carlos Castaño y comandante financiero del bloque Centauros y el bloque Capital, quien declaró a la justicia que conoció al coronel Jorge Eliécer Plazas, y que su relación era “de colaboración mutua. Los dos éramos bandidos, siendo él más bandido que yo porque supuestamente él era el encargado de cuidar a las personas honestas de este país”. Pereira está hoy detenido en la cárcel de Montería, procesado por el secuestro y tortura de la periodista de El Tiempo Jineth Bedoya.

En su declaración, Pereira recalcó que el general Rito Alejo del Río, condenado a 26 años de cárcel por el asesinato de Marino López en Chóco, fue quien le presentó al coronel Plazas, porque ambos eran simpatizantes de las autodefensas. Él a su vez lo relacionó con el comandante urbano de La Mesa (Cundinamarca), alias Camilo Coca. Desde una cárcel en Estados Unidos, el jefe paramilitar Diego Murillo, alias Don Berna, corroboró que todas las acciones que se llevaron a cabo en Bogotá tuvieron apoyo de miembros de la fuerza pública o el DAS, en especial del coronel Plazas, conocido con el alias de Don Diego.
El exguerrillero Darwin Betancourt, quien se pasó a colaborar con el Ejército, aseguró que el general Rito Alejo del Río lo llamaba a reunión con el coronel Plazas y todos los del B-2 y que en esos encuentros vio a los jefes paramilitares y a algunos políticos. Betancourt, quien ofició como informante de la brigada 13, testificó que vio vídeos de los seguimientos que le hacían a Jaime Garzón y que incluso Plazas intentó convencerlo de que declarara ante la Fiscalía que el periodista tenía nexos con las Farc.

La declaración de Darwin Betancourt sirvió además para ratificar que el exoficial fue determinante para desplegar actividades del paramilitarismo en Bogotá. Es más, el testigo aseguró que entre alias Camilo Coca y el coronel Plazas se organizó un grupo de limpieza en la ciudad mientras se le daba estructura al bloque Capital y el bloque Centauros. Con el paso de los días, se presentó una rivalidad entre la gente de Castaño y la de Arnubio Triana, alias Botalón, y el propio Plazas le entregó a este último a Camilo Coca, quien fue ajusticiado.

Un exoficial del Ejército que desarrolló labores de inteligencia en Bogotá entre 1998 y 1999, confirmó que cuando llegó a la brigada 13 el jefe del B-2 era el coronel Plazas y que el énfasis de sus órdenes era buscar información sobre los apoyos del frente urbano Antonio Nariño de las Farc, que operaba en Bogotá y en algunos municipios de Cundinamarca. Su testimonio, junto a otros recaudados, hoy permite a la Fiscalía aseverar que uno de los blancos de esos seguimientos fue el periodista Jaime Garzón, con el propósito de lograr su ejecución.

En su investigación, la Fiscalía resaltó que fue tal el proceder delincuencial de Plazas Acevedo, que no sólo asumió una intervención indispensable para la realización del homicidio del periodista Garzón, sino que dirigió una bien organizada banda de plagiarios mientras cumplía sus labores militares. Uno de esos secuestros fue el del industrial israelí Benjamín Khoudari, asesinado por sus captores. En la investigación por este hecho se produjo la destitución de Plazas Acevedo y luego su condena por la justicia penal. Hoy sigue prófugo.

El expediente reconstruido por el ente investigador no sólo ha permitido constatar que el asesinato de Jaime Garzón fue producto de un plan en el que se orquestaron civiles, dirigentes políticos, miembros de las autodefensas e integrantes de las Fuerzas Militares, sino que deja ver cómo otros hechos de violencia o crímenes atribuidos al bloque Capital y el bloque Centauros partieron del mismo entramado criminal. Una compleja organización que también tuvo importantes enlaces en las cárceles La Modelo y La Picota en Bogotá.

De hecho, tres días antes de su asesinato, a sabiendas de que lo iban a matar, Jaime Garzón acudió a la cárcel La Modelo y habló con el jefe paramilitar Ángel Custodio Gaitán, para tratar de que Castaño revirtiera la orden. Esta gestión no logró cambiar su destino y fue así como en la madrugada del viernes 13 de agosto de 1999, cuando se desplazaba en su vehículo hacia la emisora Radio Net, donde trabajaba, Jaime Garzón fue asesinado con cinco impactos de bala, en uno de los episodios más lamentados en la historia reciente de Colombia.